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En su columna para El Tiempo de hoy, lunes 3 de septiembre de 2012, Yolanda Reyes escribió:
Meritocracia, cuotas y machismo
Dos semanas después de la elección del Defensor del Pueblo, el manto de silencio –ese fino manto con el que suele cubrirse la soterrada discriminación frente a las mujeres en Colombia– es elocuente. Beatriz Linares y Olga Lucía Gaitán, brillantes abogadas con la formación y la experiencia en Derechos Humanos requeridas para el cargo, y conocidas por su compromiso con la Ley de Infancia, la denuncia del reclutamiento ilegal de menores y el trabajo con víctimas, fundamentales para asumir los desafíos de la Defensoría, obtuvieron 4 votos cada una, frente a 126 de Jorge Armando Otálora, un penalista ajeno al campo, cuestionado por haber sido defensor de DMG y por otras denuncias conocidas oportunamente.
¿Cómo se urdieron, no en los debates de la Cámara, sino en los pasillos y en las mesas de la Unidad Nacional, esos llamados “acuerdos políticos” entre Gobierno y Congreso? ¿Cómo puede interpretarse la escasa reacción mediática, política y ciudadana frente a esta “aplanadora” que puso en tela de juicio, una vez más, los conceptos de Meritocracia y Ley de Cuotas?
Esta elección habría sido una oportunidad privilegiada para tomar en serio la Ley de Cuotas pues no estábamos pidiendo lo que algunos llaman, con indulgencia, “discriminación positiva”, sino mera justicia en la elección de un perfil técnico que las dos candidatas cumplían con creces. Sin embargo, según se sospechó desde el principio, Linares y Gaitán fueron utilizadas como “relleno” de la terna para cumplir con el formalismo de presentar las consabidas tres cotizaciones. En cumplimiento del sainete democrático, fueron lanzadas a una jauría que las escuchó sin ningún interés en sus bancadas, mientras Otálora, el varón de la terna, aún con el título de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, protagonizaba una campaña asimétrica en la cual su jefe de debate, según dicen, era el mismo Secretario General de Presidencia y en la que ya había una decisión tomada y negociada.
A falta de debate público alrededor de propuestas y currículos, esos rumores que parecen las verdades ocultas del Congreso, ilustran una metodología de trabajo signada por el viejo clientelismo que aprendieron rápido los delfincitos o “jóvenes promesas” y que se disfraza ahora con una amañada interpretación de la Ley de Cuotas. La escena de Beatriz Linares y Olga Lucía Gaitán, detenidas por un portero que les impidió el acceso al recinto de la audiencia el día de la elección hasta que un funcionario que casualmente pasaba por ahí las hizo entrar, en tanto que Otálora seguía la elección en primera fila, rodeado de asesores y muerto de la risa, ilustra esa manera patriarcal de ningunear, que no se nombra con palabras, pero que es una forma de maltrato reproducida de generación en generación.
Estas dos candidatas, consideradas las mejores por los expertos y los medios, fueron sometidas a un maltrato profesional y emocional, frente al que el país no acusó recibo. Con excepción de la constancia dejada por Ángela María Robledo e Iván Cepeda quienes pidieron la palabra y –otro dato elocuente– les fue concedida después de concluida la elección, la Cámara no dijo nada. ¿Será “representativo” que el voto de bancada haya silenciado al voto femenino? ¿Qué dicen la Comisión Bicameral de Mujeres del Congreso y la Consejera palaciega de la mujer? Si la Ley de Cuotas es una formalidad, sin condiciones reales de participación política, deberíamos negarnos a ser relleno de ternas y dejar que nuestros mal llamados “representantes” se repartan corbatas y circulen con sus maletines llenos de hojas de vida, como siempre. Pero sin nuestro aval femenino, que hace políticamente correcto ese machismo impresentable, del cual se esperan, ahora en el Senado y en una próxima elección, nuevos y aún más impresentables episodios.
Yolanda Reyes