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En su columna para El Tiempo de hoy, lunes 10 de diciembre de 2012, Yolanda Reyes escribió:
Detrás de un muro inconcluso
En el área de influencia de las Torres del Parque de Salmona, declaradas Monumento Nacional, está el parque de la Independencia que, según informes de prensa, «enfrenta a colectivos de ciudadanos». Sin embargo, detrás del muro que se levanta en el parque, y cuya construcción fue suspendida por orden de un tribunal en enero, hay mucho más que «una puja» vecinal alrededor de la falsa dicotomía entre conservación y progreso y podría decirse que esa estructura de concreto es apenas la parte visible de una cadena de improvisaciones, ilegalidades y omisiones.
El problema comenzó cuando la firma Confase, del grupo Odinsa, subcontrató como parte de la ampliación de la Fase III de TransMilenio, el diseño del parque Bicentenario. El proyecto de vincular el parque de la Independencia con edificios patrimoniales, como el Museo de Arte Moderno, la Biblioteca Nacional y el edificio Embajador, con el fin de restituir la unidad que había roto el trazado de la 26, fue esbozado por Salmona, pero en la cronología que va, del sueño a la pesadilla, después de su muerte, se cometieron errores administrativos, técnicos y legales. En primer lugar, la adjudicación directa hecha por Confase al arquitecto Mazzanti impidió evaluar varias propuestas en un proyecto que, dadas sus exigencias patrimoniales, ambientales, arquitectónicas y urbanísticas, merecía ser juzgado en concurso público. Y, en segundo lugar, el proyecto debía someterse a un régimen de protección especial, pues el parque de la Independencia estaba delimitado como área de influencia de las Torres, y por ello tenían prevalencia las normas específicas sobre Patrimonio Cultural.
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural presentó el proyecto a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y esta dirección expidió un acto administrativo en julio del 2010 titulado ‘Autorización Proyecto Parque Bicentenario’, en el cual afirmó que el proyecto no afectaba inmuebles considerados Bienes de Interés Cultural ni se encontraba en áreas de influencia. Aunque después ha dicho que el documento titulado ‘autorización’ no era una autorización (¿?), este bastó para comenzar los trabajos. Entonces, el Colectivo Habitando el Territorio, conformado por vecinos que se unieron para defender, en un principio, las especies nativas y la historia del parque como patrimonio común, detectó las irregularidades y exigió la suspensión de la obra. Mediante un ejercicio ciudadano perseverante y bajo el lema de ‘Nuestro Parque de la Independencia se respeta’, se dedicó a defender el interés público por encima del de los constructores, lo cual refleja una perversa paradoja: en tanto que el Estado parecía más interesado en defender un contrato, los ciudadanos defendían el patrimonio cultural.
En estos últimos días han aparecido otras voces que exigen la continuación inmediata de la obra y entre ellas figura la del abogado Igor Alexis Peña, en cuyo currículum se lee que es «Gerente de Litigios del Banco Colpatria». Si bien la Torre Colpatria, de propiedad del mismo grupo, está en el área del proyecto, la aparición de ese nombre consiguiendo la adhesión de firmas genera suspicacias por las relaciones comerciales que podría tener con Odinsa.
La actual alcaldía, que heredó el problema de Moreno, ha delegado, como corresponde, la decisión en las autoridades competentes y el Consejo de Estado ha ratificado el cese de la obra hasta obtener aprobación de Mincultura. Y pese a que, de nuevo, el problema amenaza nuestros bolsillos y se refleja en las incomodidades que padecemos a diario, conviene tener claro que la responsabilidad no es de los ciudadanos que documentaron los entuertos. Por eso, convertir el escándalo en pelea de vecinos es descargar al Estado de sus responsabilidades. ¿Quiénes responden, en el ámbito distrital y en el nacional? Como en el caso de Interbolsa, se necesitan investigaciones… y nombres propios.
Yolanda Reyes