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En su columna para El Tiempo de hoy, lunes 31 de diciembre de 2018, Yolanda Reyes escribió:
El deber de preguntar
Lamento que los lectores, quizás deseosos de distraerse hoy con augurios, agüeros y tópicos de fin de año, se encuentren con esta columna incómoda, pero me parece que la sucesión de tragedias relacionadas con el caso Odebrecht en Colombia, a la que se sumó hace pocos días la muerte de Rafael Merchán, exsecretario de Transparencia del gobierno Santos, no puede dejarnos indiferentes.
Esta “serie de eventos desafortunados”, que comenzó con el accidente automovilístico de Amparo Cerón, la fiscal que lideraba la investigación de Odebrecht; que continuó con la muerte del auditor Jorge Pizano y la de su hijo Alejandro, y a la que ahora se suma el posible suicidio de Merchán, otro testigo clave en la defensa de Luis Fernando Andrade (quien también ha buscado, con justificada angustia, protección en Estados Unidos), tiene, como se ha repetido insistentemente, todos los componentes de una novela negra. Y, aunque en la realidad exista la posibilidad, esa que se le negaría a la ficción, de que semejante cadena de desgracias no sea más que simple coincidencia, me declaro insatisfecha, quizás como muchos de ustedes, con las explicaciones fragmentarias divulgadas en los medios, que, salvo algunas excepciones, parecen más inclinadas a no relacionar los hechos trágicos que a mirarlos en el contexto de una investigación profunda por corrupción multinacional.
Una cosa es pretender suplantar los hoy cuestionados organismos de control encargados de investigar los hechos, pero otra cosa, también muy preocupante, es la falta de análisis y, en últimas, de interés ciudadano y periodístico por intentar comprender en profundidad lo que les sucedió a todas estas personas, cuyo denominador común era el manejo de información crucial para la investigación de Odebrecht en Colombia, y cuyas voces, reconocidas como críticas y honestas, hemos perdido.
Si bien los comunicados familiares merecen todo nuestro respeto y nuestra empatía por el dolor de la pérdida (y, en el caso reciente de Rafael Merchán, cuya muerte atribuyen a una decisión personal relacionada con un cuadro de depresión), resulta importante preguntarse sobre el tipo de presiones y amenazas –tangibles, pero también psíquicas– que pudo enfrentar Merchán y están afrontando, como lo han revelado los testimonios de Pizano y de Andrade, otros testigos. ¿Qué significa haber conocido situaciones que comprometen a muchas personas vinculadas al poder económico y político? ¿Cómo afectan (o afectarán) estas presiones la salud mental, los riesgos y las vulnerabilidades de las personas involucradas?
Más allá de mirar cada hecho como un suceso trágico privado o de conformarnos con los dictámenes –por desgracia, hoy también cuestionados– de Medicina Legal, es un imperativo ético para el país, y me parece simbólicamente importante plantearlo en el último día del año, llevar más lejos las preguntas acerca de estas muertes recientes y asumir como método de búsqueda de la verdad la necesidad de recoger todos los puntos de vista posibles. Una sociedad civil que formule preguntas es hoy más necesaria que nunca y puede contribuir a que las luchas de estos testigos, y de otros aún por declarar que afrontan tantas presiones, no se vean como esfuerzos aislados y solitarios.
En un momento tan peligroso por las investigaciones que se han anunciado para 2019, la protección integral de los testigos del caso Odebrecht es un asunto de vida o muerte. ¿Cómo cuidará el Estado la seguridad física y emocional de los testigos y de sus familias? Las alertas lanzadas hasta el momento requieren respuestas y acciones inmediatas.
Les deseo un feliz año, con muchas y nuevas preguntas, y ojalá con algunas verdades incómodas, apreciados lectores.
YOLANDA REYES